Carlos Moldiz
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Indignadas y furiosas por el gasolinazo decretado el anterior domingo, varias organizaciones sociales afines al proceso de cambio liderado por Morales tomaron las calles en señal de protesta durante los últimos días y tildaron la medida de "neoliberal". Sobre esta creciente ola de indignación tratan de montarse partidos opositores y agrupaciones ciudadanas ligadas a la derecha latifundista y empresarial derrotada militar y políticamente en 2008 y 2009. Dirigentes cívicos que hasta hace poco defendían la mano invisible del mercado y gritaban consignas racistas contra el primer presidente indígena de Bolivia ahora apuntan con el dedo al palacio de gobierno y preguntan: "¿Quién es el neoliberal?"
La impopular medida dictada para combatir el contrabando de gasolina al exterior que aumenta el precio de varios carburantes hasta un 80% y que multiplica el precio de varios productos de primera necesidad como azúcar, arroz, carne, harina, pan y otros, además de elevar al doble el costo del transporte público, hizo que se pronunciaran en contra la mayoría de los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones del pacto de Unidad como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (CONAMAQ), sindicatos de productores de hoja de coca, y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE). Estas organizaciones, en mayor o menor medida, fueron el sustento político del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, en los últimos años.
El decreto 0748 elimina el subsidio que el Estado daba para importar carburantes como diesel y gasolina y que representaba un gasto de casi 350 millones de dólares al año. El Gobierno promete que aquellos 350 millones de dólares serán invertidos para elevar el nivel de vida de la población.
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Para tratar de frenar el inmediato descontento de los ciudadanos, el miércoles el presidente Morales pronunció un discurso en el cual justificó la medida argumentando que era necesaria para nuevos proyectos de inversión e industrialización. Decretó, además, un aumento salarial de un 20% para los sectores del ejército, la policía, salud y educación, además de un doble aguinaldo para los funcionarios subalternos del sector público. Luego dejaría al juicio de los empresarios la decisión de aumentar o no el sueldo de los trabajadores del sector privado y prometió la creación de un plan de empleo para los desocupados que se comenzaría a principios del naciente año 2011.
No obstante, al día siguiente no solo organizaciones sociales de base sino que ciudadanos de a pie y pequeños grupos de militantes políticos se reunieron en las calles para protestar. Ese mismo jueves el Movimiento Sin Miedo (MSM) antes aliado, ahora opositor a Morales, efectuó su marcha con funcionarios de la alcaldía que ganó en las últimas elecciones municipales de abril. Al mismo tiempo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, salpicado por las investigaciones del intento de golpe de Estado de 2008 y una intentona separatista liderada por mercenarios extranjeros en 2009, salió a las calles de Santa Cruz de la Sierra exigiendo la renuncia de Morales primero y la abrogación del decreto 0748 después.
La FEJUVE también exigió la renuncia de Morales, pero solo en caso de que no abrogara el decreto. No obstante, maestros que se manifestaban en las calles de La Paz y Oruro también exigieron la renuncia del presidente. Estas organizaciones que apoyaron al presidente Morales durante su primera gestión señalan junto con otros sectores que la medida es neoliberal por cargar a las espaldas de los más pobres el peso de la economía boliviana. El decreto reduce el poder adquisitivo de los salarios a casi la mitad por el aumento de los precios de la canasta familiar y el trasporte público, poniendo en situación crítica a personas cuyos salarios son de apenas 700 Bs., trabajadores del sector informal y desempleados.
Juan Del Granado, líder del MSM, desafió al presidente Morales a convocar a un referéndum nacional en el cual la población de todo el país decidiera la abrogación o no de la medida. En las calles del centro de La Paz, grupos de jóvenes provenientes de las zonas acomodadas de la ciudad se reunieron para quemar retratos del presidente Morales.
Para hoy, viernes, las organizaciones sociales en protesta ingresaron en un "cuarto intermedio", un descanso para festejar y recibir el año nuevo. La tensión alcanzada el día de ayer, obligó, sin embargo, al presidente Morales a suspender su viaje programado para mañana al Brasil, donde debía asistir al acto de posesión de Dilma Russeff, elegida presidenta en las urnas.
El interés de montarse sobre la ola de protestas e indignación dirigida principalmente contra Morales se hizo evidente cuando la gobernación de Santa Cruz, a través de su secretario general, Roly Aguilera, acusó al gobierno de ser neoliberal y aseguró que, "el gobierno tomó una actitud que favoreció a los que más tienen, a las transnacionales que ahora sí ganarán con el petróleo. Quiénes se van a beneficiar señor presidente ¿El pueblo? ¿Quién es el neoliberal? está tomando actitudes que van en contra de los sectores sociales pobres y nos ataca a nosotros que defendemos la economía del pueblo".
Aguilera fue funcionario de la prefectura de Santa Cruz, bajo la autoridad de Rubén Costas, antes de que esta se convirtiera en Gobernación acorde al nuevo régimen autonómico de Bolivia. El 2008 esta institución coordinó un intento de golpe de Estado cívico prefectural junto con empresarios, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la violenta Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que portaba esvásticas nazis en muchas de sus manifestaciones y cuyos militantes gritaban "muerte al indio de mierda".
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