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La Paz, 26 Nov (Erbol).- La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó este viernes la Ley Nº 271 de la Procuraduría General del Estado, tras aceptar la modificación del artículo ocho parágrafo 16 de la mencionada norma, observada por Diputados, a la revisión realizada en la Cámara de Senadores el 4 de noviembre de 2010.
Sancionada la Ley, el presidente de esa instancia legislativa, Álvaro García Linera, ordenó su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación por el presidente Evo Morales en el curso de los siguientes días.
El texto del parágrafo observado señalaba: "Dictaminar sobre la legalidad de los contratos nacionales e internacionales suscritos por las entidades públicas, para lo cual las máximas autoridades de los Ministerios remitan antecedentes".
El proyectista y presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que la observación al parágrafo 16 del artículo ocho, de la Ley de Procuraduría, es porque da un mandato imperativo para que esa nueva entidad revise todos los contratos de las instituciones públicas, y que además, da una disposición específica a los ministros para que remitan antecedentes.
"Estaríamos incurriendo en un contrasentido, porque toda autoridad pública tendría que remitir sus contratos a la procuraduría independientemente de la importancia que estos tengan, independientemente del requerimiento que se haga de parte de la autoridad como la provisión de contrato de celulares, contratos de provisión de gasolina y de alimentos que se suscriben todos los días, todo tendría que ser de conocimiento y eso nos llevaría a la paralización innecesaria de algunos procedimientos y un trabajo excesivo de la Procuraduría, y descuidar el fin de proteger los intereses del Estado", manifestó.
Para subsanar esa equivocación el Presidente de la Cámara de Diputados propuso el siguiente texto.
"Dictaminar sobre la legalidad de contratos nacionales y extranjeros de las entidades públicas cuya consulta haya sido solicitadas por algún Órgano del Estado".
"Esto le da la potestad a los órganos del Estado, la administración central, la administración autonómica y la municipal consultar al Procurador cuando tenga en sus manos un contrato que por su importancia y por su trascendencia entienda las máximas autoridades que debe ser de conocimiento de la Procuraduría por su importancia", concluyó Héctor Arce.
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483937505
Sancionada la Ley, el presidente de esa instancia legislativa, Álvaro García Linera, ordenó su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación por el presidente Evo Morales en el curso de los siguientes días.
El texto del parágrafo observado señalaba: "Dictaminar sobre la legalidad de los contratos nacionales e internacionales suscritos por las entidades públicas, para lo cual las máximas autoridades de los Ministerios remitan antecedentes".
El proyectista y presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que la observación al parágrafo 16 del artículo ocho, de la Ley de Procuraduría, es porque da un mandato imperativo para que esa nueva entidad revise todos los contratos de las instituciones públicas, y que además, da una disposición específica a los ministros para que remitan antecedentes.
"Estaríamos incurriendo en un contrasentido, porque toda autoridad pública tendría que remitir sus contratos a la procuraduría independientemente de la importancia que estos tengan, independientemente del requerimiento que se haga de parte de la autoridad como la provisión de contrato de celulares, contratos de provisión de gasolina y de alimentos que se suscriben todos los días, todo tendría que ser de conocimiento y eso nos llevaría a la paralización innecesaria de algunos procedimientos y un trabajo excesivo de la Procuraduría, y descuidar el fin de proteger los intereses del Estado", manifestó.
Para subsanar esa equivocación el Presidente de la Cámara de Diputados propuso el siguiente texto.
"Dictaminar sobre la legalidad de contratos nacionales y extranjeros de las entidades públicas cuya consulta haya sido solicitadas por algún Órgano del Estado".
"Esto le da la potestad a los órganos del Estado, la administración central, la administración autonómica y la municipal consultar al Procurador cuando tenga en sus manos un contrato que por su importancia y por su trascendencia entienda las máximas autoridades que debe ser de conocimiento de la Procuraduría por su importancia", concluyó Héctor Arce.
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